La vigilancia exterior de las cárceles y de los Centros de Internamiento de Extranjeros y la realización de labores de investigación privada hasta ahora reservadas a los detectives, son algunas de las novedades del anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, que amplía el campo de acción de las empresas.
Pero también, según el borrador de la futura ley al que ha tenido acceso Efe, establece un mayor control de la actividad, sobre todo de los detectives, y adecúa la legislación actual a las innovaciones tecnológicas y a un sector que da trabajo a 90.000 personas y factura 3.600 millones de euros anuales.
Un texto que, según reconocen sus redactores, quiere también dar respuesta a una reivindicación histórica del sector y, así, deja claro que el personal de seguridad tendrá consideración legal de agente de la autoridad, eso sí, siempre que actúe debidamente identificado con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ya presentó la semana pasada el borrador al Consejo de Ministros y lo ha elevado a dictamen de la Agencia Española de Protección de Datos.
La propuesta, que tendrá que volver al Consejo de Ministros y pasar luego el correspondiente trámite parlamentario, quiere aprovechar el potencial "informativo, de recursos humanos y de medios materiales" de la seguridad privada en España para "la protección y seguridad del conjunto de la ciudadanía".
Y por ello, Interior matiza en el borrador el principio general de exclusión de la seguridad privada en los espacios públicos, ya que considera que la formulación en la actual ley, que data de 1992 y es "excesivamente rígida, ha dificultado o impedido la necesaria autorización de servicios en beneficio del ciudadano".
De este modo, la iniciativa enumera las actividades que pueden desarrollar las empresas de seguridad, entre ellas "la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos".
La diferencia con la normativa todavía vigente es que ésta no hacía la precisión de "tanto públicos como privados".
Por eso, el borrador incluye la posibilidad de que las empresas privadas puedan llevar a cabo, en cooperación y bajo el mando de las fuerzas de seguridad del Estado, la vigilancia perimetral de las cárceles y de los centros de extranjeros y la vigilancia de otros edificios o instalaciones de organismos públicos.
Otra de las novedades es la obligación que establece el anteproyecto de contar con la titulación de grado universitario en la especialidad para poder ejercer como investigador privado o como director de seguridad.
Además, se contempla la posibilidad de acceder a la profesión mediante una formación reglada propuesta por el Ministerio de Educación, frente al actual sistema que regula ese acceso a través de unas normas que fija el Ministerio del Interior.
Como ya se había anunciado, la intención de Interior en el caso de los detectives privados es establecer un mayor control de sus investigaciones, por lo que tendrán que dar cuenta al ministerio de los encargos que reciben, los medios que emplean y los resultados obtenidos.
Además, deberán destruir los sonidos e imágenes grabados durante sus vigilancias un año después de la finalización de su informe.
Las medidas no han gustado a los detectives, según han expresado a Efe algunos de ellos, como tampoco que la parcela de la investigación privada reservada hasta ahora a este colectivo puedan desarrollarla cuando se apruebe la nueva ley las empresas de seguridad privada.
En la ley vigente se dejaba claro que, "en ningún caso, las empresas de seguridad podrán realizar las funciones de información e investigación propias de los detectives privados".
Según han explicado algunos detectives, las investigaciones y vigilancia que se les encargaba en exclusiva en ferias, hoteles o centros de ocio podrán ya realizarlas las empresas, lo que podría redundar en un descenso de la actividad del colectivo, de por sí ya afectada por la crisis económica.
La regulación de los servicios de videovigilancia es otro de los aspectos que prevé el anteproyecto, que insiste en la necesidad de que estos elementos se utilicen bajo los principios de proporcionalidad, idoneidad e "intervención mínima".
No se podrán utilizar, de todos modos, con fines de seguridad privada para tomar imágenes y sonidos de vías y espacios públicos o de acceso público, salvo en los términos que regula la ley de seguridad ciudadana.
Hace referencia el texto a la coordinación con las comunidades autónomas y asegura que se "afianza" la competencia exclusiva del Estado en materia normativa.
Una comunidad, Cataluña, ya ha reaccionado al borrador que, según su conseller de Interior, supone un "paso atrás" en materia competencial, y ha reivindicado para la Generalitat las competencias previstas en el Estatut de autorización, inspección y sanción en materia de seguridad privada.
